La iniciativa de reformar la formación profesional en España para mejorarla y adaptarla a las nuevas necesidades del mercado laboral era muy necesaria. El Gobierno lo ha hecho con el proyecto de ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Lo importante, ahora, es lograr que se ponga en marcha de la manera más rápida y eficiente para que pueda beneficiar al máximo número de jóvenes posibles ante la revolución tecnológica que sufren los sistemas de producción.

El proyecto de ley, a la vista de su redactado, se presenta tan ambicioso como complejo y costoso de implementar. En su tramitación parlamentaria, que se inicia ahora, deberían incorporarse las modificaciones necesarias para que la adaptación al nuevo modelo sea ágil, flexible y rápida. La correcta y adecuada formación profesional de los jóvenes es una gran asignatura pendiente, tanto en calidad como en cantidad. Este mismo curso, por ejemplo, más de 20.000 estudiantes no podrán cursar en Catalunya la formación que desean o necesitan.

La clave más destacada del citado proyecto de ley es el impulso que pretende dar a la llamada formación profesional dual (FP dual), que es la que contempla la formación compartida de los jóvenes entre los centros de enseñanza y las empresas. Este modelo incomprensiblemente todavía está muy poco desarrollado en España. Esa es una de las razones que explican el elevado desempleo juvenil que sufre el país.

Para que la FP dual funcione con éxito se necesita flexibilizar las exigencias administrativas y legales a las empresas, para que puedan organizar con facilidad sus planes de formación e integrar laboralmente a los jóvenes en sus estructuras sin excesivas trabas. Para ello es necesario que las patronales y asociaciones profesionales hagan llegar a los grupos parlamentarios sus propuestas de mejora del proyecto de ley. La FP dual, que es clave para el progreso del país, no funcionará sin una efectiva colaboración del tejido empresarial con los centros de enseñanza. En este escenario es fundamental incentivar las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas para que puedan organizar planes de actuación colectivos en FP dual, ya que individualmente carecen de medios para articular la contratación de los profesores y tutores que exige la ley.

La participación de las empresas en las nuevas modalidades de formación profesional es un aspecto básico –si se quiere tener éxito en la reforma- porque son las que más conocen las nuevas tecnologías de producción que se están implementando de forma acelerada. El problema es que la evolución es tan rápida que apenas da tiempo para la adecuada preparación de los profesores que necesitan los centros de enseñanza. De ahí que resulte fundamental la colaboración entre la administración, los centros de enseñanza y las empresas. De alguna manera el nuevo sistema debería estar liderado por el mundo empresarial.

El nuevo esfuerzo que se hace para mejorar la formación profesional en España debe tener éxito. No hay opción a un nuevo fracaso, como tantos otros que acumula esta alternativa educativa en la historia reciente. La responsabilidad de la mala formación profesional que tiene el país ha sido compartida por gobiernos, patronales, sindicatos y sistema educativo. Son los mismos que, a partir del nuevo proyecto de ley aprobado ayer, deben lograr que finalmente ahora la formación profesional, en especial la dual, alcance los niveles de calidad y prestigio que necesita la economía. De ello depende la competitividad del sistema productivo, su transformación tecnológica y la creación de empleos estables y con futuro para los jóvenes y los no tan jóvenes.