El 95% de los puestos de trabajo creados en el último año en España ha sido ocupado por extranjeros. Esto sucede en el país con mayor tasa de desempleo (12%) de Europa junto con Grecia, lo que supone 3,1 millones de parados (400.000 en Catalu­nya), la mitad de los cuales aproximadamente cobra prestaciones y subsidios del Estado. La paradoja, en suma, se resume en que hay empleo, pero el que se ofrece no lo quieren los españoles, y debe recurrirse a la inmigración.

El citado desajuste del mercado laboral supone un enorme coste que habría que resolver. Por una parte, se pagan prestaciones y subsidios a numerosas personas que podrían trabajar, y por la otra, para cubrir los puestos de trabajo vacantes se recurre a cupos de inmigrantes que requieren de los servicios sociales, educativos y sanitarios, que por otra parte están plenamente justificados. El fenómeno hace ya tiempo que se arrastra en España. Los inmigrantes ocupan, en su mayoría, empleos en sectores con escaso valor añadido, con sueldos bajos y largas jornadas de trabajo, como son la agricultura, la construcción, el turismo y determinados servicios, que los ciudadanos españoles rechazan. Pero también se les contrata –y cada vez más– para empleos cualificados que exigen perfiles profesionales que no se encuentran en España.

Sería un grave error desviar la atención hacia los inmigrantes, que son necesarios para la economía española y cada vez lo van a ser más a causa del envejecimiento de la población. El problema que hay que resolver es encontrar una salida laboral para esa inmensa bolsa de parados –más de tres millones– cuyo mantenimiento supone un elevado coste económico. Su activación en el mercado laboral comportaría restar este coste e incrementar su aportación al fondo de las ­pensiones.

Es evidente que el tejido productivo debería elevar su valor añadido para que fuera capaz de ofrecer mejores condiciones laborales, tanto para los españoles como para los inmigrantes, de forma que resultase más atractivo trabajar que estar en el paro. La reciente reforma laboral ha ayudado mucho a ello al generalizar la contratación estable y reducir la temporalidad, al igual que lo ha hecho la subida del salario mínimo interprofesional. Pero junto a estas transformaciones hay que afrontar también la reforma –nunca realizada– para mejorar los servicios públicos de empleo en su tarea –fundamental– de ensamblar las ofertas de empleo con las demandas, controlar el empleo sumergido y orientar la formación profesional hacia lo que demandan las empresas.

Una economía moderna y dinámica como la española no debería permitirse el coste de mantener una bolsa de tres millones de parados cuando hay trabajo suficiente. Es un desajuste enquistado en el tiempo que debería resolverse, sin más tardanza, en esta próxima legislatura.

La Vanguardia. Editorial. 27.07.2023