El balance social de la larga y dura crisis sufrida por España presenta resultados muy preocupantes. Al finalizar el 2013, el año previo a la recuperación iniciada en el 2014, casi una tercera parte de los ciudadanos (29,2%) se encontraba por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social frente a la cuarta parte (26,1%) de tres años antes (2010). Así lo indicaba la Encuesta de Condiciones de Vida hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística, con datos homologables con el Índice Europeo de Riesgo de Pobreza (Arope).

Especialmente dramático ha sido el impacto de la crisis en los niños y los jóvenes menores de dieciséis años, ya que un 35,4% de ellos se encuentran en riesgo de pobreza.

A la vista de estos datos, es más urgente que nunca que la atención a la infancia y la juventud se convierta en la absoluta prioridad política, social y económica de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad. Esto debe ser así ineludiblemente no sólo porque los niños y los adolescentes son los más indefensos ante la pobreza, sino porque de su cuidado, alimentación, atención y educación depende por completo el futuro del país.

La razón del aumento del número de personas en riesgo de pobreza, que son aquellas que tienen ganancias inferiores al 60% de los ingresos medios -umbral cifrado en 7.961 €- se debe al aumento del paro en esos años, que subió hasta el 26% de la población activa, y al acusado descenso de los salarios y otras rentas.

El impacto de la crisis ha afectado con especial crudeza a los extranjeros residentes en España no miembros de la UE. Más de la mitad de ellos (54,4%) se encuentran por debajo del umbral de riesgo de pobreza frente al 18,4% de los ciudadanos españoles. El país sufre una pobreza importada como consecuencia de la afluencia de inmigración en los años de expansión, que ha sido la principal afectada por el paro.

La importante devaluación interna sufrida por España, sin embargo, es lo que ha permitido ganar competitividad y empezar a crear empleo a partir del 2014, con cerca de medio millón más de puestos de trabajo. Asimismo, de cara al presente año, los sindicatos y las patronales han empezado a pactar aumentos salariales que deberían permitir la recuperación de poder adquisitivo. Pero se tardará varios años en generar la suficiente mejora de ingresos personales y familiares que permita compensar la pobreza provocada en los años de crisis.

No es extraño, por tanto, que la recuperación económica que indican las grandes cifras macroeconómicas que maneja el Gobierno, y que efectivamente responden a la realidad, no sea percibida en la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos. En el 2013, el 10% de los españoles tenía muchas dificultades para llegar a final de mes, el 42% admitía no poder afrontar gastos imprevistos y el 45% no se podía permitir ir de vacaciones.

Los datos de la citada Encuesta de Condiciones de Vida son suficientemente elocuentes del descontento social con respecto al partido en el Gobierno, pese a que haya reconducido hacia el crecimiento la economía española, y explican el voto de castigo que ha sufrido en las recientes elecciones en beneficio de la esperanza puesta por un amplio sector de población en las formaciones que prometen una mayor atención hacia los más desfavorecidos, en donde jóvenes y niños, como hemos dicho, deben ser la prioridad.

La Vanguardia. Editorial. 27.05.2015. p. 26