Podemos hacer ver que no es nuestro problema o podemos afrontarlo como lo que es, una realidad que no es temporal y que forma parte de nuestra sociedad. Podemos desentendernos o podemos construir vínculos que los integren a la comunidad. Podemos estigmatizarlos y colgarles todas las etiquetas que queramos, o podemos hacer un ejercicio de empatía y cambiar la mirada hacia estas personas. Son adolescentes y jóvenes migrados que han llegado solos a Cataluña y buscan una oportunidad, una vida mejor. Sencillamente. No, no son todos unos delincuentes. No, no vienen a quitarnos nada. No, no son lo que se publica en algunos medios de comunicación y lo que intentan que creamos algunos partidos políticos que hablan desde la irresponsabilidad, el odio y el desconocimiento. No son una amenaza. Son una oportunidad.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias acaba de presentar la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y jóvenes migrados solos, la hoja de ruta que pretende superar la fase de emergencia y urgencia y avanzar hacia la plena inclusión. Es un punto de partida, muy esperado, que nos debe permitir superar la precipitación, la preocupación y el colapso generado en los últimos meses, y hacer frente al fenómeno migratorio desde la estabilidad, la seguridad, la planificación -a medio y largo plazo- y la unidad.

Disponemos de la hoja de partida, pero ahora es imprescindible el compromiso real de todos y cada uno de los agentes implicados, sobre todo el Gobierno, para convertir el papel -objetivos, acciones y valores- en una realidad palpable -emancipación, ciudadanía e inclusión-. El Tercer Sector, las entidades sociales, ya hemos manifestado claramente que estaremos pendientes de la aplicación de esta estrategia y, por tanto, que velaremos por su cumplimiento y su efectividad. De hecho, el éxito de la estrategia depende de muchos factores, pero hay dos esenciales: la implicación activa de todos los actores y los recursos económicos.

El fenómeno migratorio nos brinda la oportunidad de repensar el sistema de protección desde una óptica comunitaria que incluya todos los actores. El abordaje de los flujos migratorios, constantes y en aumento, es un reto global que requiere una respuesta unitaria y un esfuerzo de trabajo transversal, interdepartamental y entre Administraciones muy bien coordinado y con un rumbo claro.

¿Queremos que estos jóvenes se sientan integrados en su comunidad, que puedan construir proyectos personales y aportar al país? Pues esta tarea no pueden hacerla solas ni las entidades sociales que les acompañan y les ofrecen apoyo ni las propias Administraciones, por mucho que sean ellas quienes tengan que liderarlo. ¿Cómo podrán sentirse arraigados en un pueblo o una ciudad sin la complicidad de los entes locales, de sus habitantes y del tejido social, cultural y económico? Ayuntamientos, vecinos, comerciantes, clubes deportivos, asociaciones culturales y un largo etcétera de agentes viven y conviven en cada comunidad y sin ellos no podemos conseguir la plena inclusión de los jóvenes migrados solos. Al igual que tampoco lo conseguiremos si no se resuelven los obstáculos legales, normativos y administrativos, que impiden la regularización de las personas, una competencia del Gobierno. Sin permiso de residencia, no hay permiso de trabajo, ni posibilidad de emanciparse, de hacer crecer el país, de tener una vida digna y autónoma. En definitiva, ser ciudadanos de pleno derecho. Con derechos, pero también con deberes.

¿Queremos que el proceso de acogida sea de calidad, eficiente y eficaz? Pues entonces se requieren los recursos necesarios, suficientes y estables para dar respuestas personalizadas a estas nuevas necesidades sociales en todos los ámbitos -educación, salud, formación, empleo, vivienda, etcétera-. Recursos que se deberían recoger en la cartera de servicios sociales y deberían velar por la seguridad jurídica de las entidades sociales. Somos las primeras que deseamos una buena respuesta a las necesidades y las personas, pero también somos las primeras que queremos cuidar de los profesionales.

Es el momento en que tenemos que estar a la altura de construir una sociedad inclusiva que valore la diversidad y de aprovechar la ocasión de ampliar nuestra base social con una generación de jóvenes que, como cualquier otra, significan una oportunidad de futuro, de beneficio colectivo.

Francina Alsina. Presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. El Quinze. 22.02.2019